En el 211 aniversario de la revolución de mayo y a poco del día nacional de la bandera, conmemorar adquiere la forma de reflexionar sobre la actualidad, participar, ejercer nuestros derechos. Exigir visualizar la situación colonial de hoy. Dar vida a una conmemoración es actualizar las experiencias de los hombres y mujeres que en 1810 estaban también en medio de una crisis. Hoy, como en aquel momento, estamos frente a un hecho decisivo, la oportunidad de decidir sobre qué proyecto de país y Estado queremos.
El 30 de abril de 2021 finalizó el contrato del Estado nacional con Hidrovía S.A. (consorcio privado conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina EMEPA), luego de 25 años de concesión. Algunas posturas hoy en día plantean que el asunto del control y gestión de la vía navegable del Paraná se saldó hace veinticinco años con la decisión de licitar el dragado y balizamiento; argumentan que cuestionar este modelo de concesión es “jugar en contra de la Hidrovía" (cuando en realidad solo se trata de canales navegables), presentando la cuestión de una manera tendenciosa y estableciendo una falsa dicotomía política entre soberanía fluvial y marítima vs hidrovía.
A pesar de estas voces poderosas y hegemónicas, hoy se abre la oportunidad de seguir construyendo historia desde otra visión, con otros intereses. No hay cierre y caso terminado. Plantearlo como tema saldado es desmovilizar, anular la participación. Es fundamental tener presente que nuestra legislación ambiental, entre ellas la Ley General del Ambiente, introduce la figura de las asambleas ciudadanas y otros tópicos en todas las cuestiones vinculadas a la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura y aún más en este caso, la obra pública más importante de la Argentina (no casualmente concesionada). Es necesario promover la participación ciudadana, ejercicio de democratización y de injerencia en la gestión pública. Estamos a favor de decidir nuestro proyecto político y económico para una vida digna, sustentable con justicia y distribución de las riquezas.
Por todo esto hacemos un llamado por la soberanía en sus múltiples dimensiones:
- Soberanía Política: Derecho a decidir sobre nuestro río. Es necesario poner en cuestión este desarrollo extranjerizado y concentrado en grandes grupos económicos transnacionales, favorecidos por las políticas neoliberales de la última dictadura militar, del menemismo y el macrismo. Ante la privatización de la administración de puertos y terminales portuarias, la concesión de la vía navegable troncal y el nulo control del Estado en la comercialización y la agroexportación, sostenemos que es indispensable que el Estado nacional recobre sus capacidades y autonomía, haciéndose de la administración, con control social y popular, de las obras fluviales, de los puertos, de una Marina Mercante nacional y de una Industria Marítima argentina. Exigimos la derogación del Decreto 949/2020 que mantiene y profundiza el régimen colonial actual.
- Soberanía Alimentaria: El país no admite más cambios de uso de suelo, fundamentalmente deforestación. Los grandes grupos productores y agroexportadores, beneficiados por la mal llamada hidrovía, no tienen en cuenta el deterioro de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de establecimientos agropecuarios. Sólo les interesa expandir un negocio para unos pocos. Mientras tanto, los índices de pobreza y desempleo han aumentado en forma proporcional al aumento de las ganancias de estos grupos económicos que sostienen este modelo agroexportador. Abogamos por un debate serio sobre el modelo de desarrollo nacional que tenga a los intereses de las grandes mayorías populares y a los criterios de sustentabilidad socioambiental como horizontes y valores.
- Justicia Ambiental: este proyecto de mega infraestructura pone en riesgo el sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná. Los humedales desempeñan funciones de control y protección contra las inundaciones, tormentas, generando vida silvestre, recursos pesqueros y forestales. Constituyen un centro de desarrollo de la diversidad biológica y conforman un patrimonio biocultural singular y sensible que posee valores y atributos de gran utilidad al entorno ambiental y la sociedad. Toda obra en río requiere de rigurosos estudios de Impacto Ambiental puestos en consideración a la ciudadanía a través de la transparencia, acceso a la información y mecanismos de participación social. Es urgente, luego de 25 años de concesión sin control, llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica que reoriente toda la política de infraestructura y transporte fluvial, respetando las características socioecológicas de los ríos y sus zonas aledañas.
La dicotomía que se nos presenta es clara: o el Estado profundiza las desigualdades o interviene para garantizar justicia ambiental, justicia social y soberanía alimentaria.
