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15/09/2018

COAD reafirma su compromiso con la Universidad Pública

La edición del día de la fecha (15/09) del Diario La Capital publica una nota elaborada a partir de la acusación de golpista a nuestra asociación gremial vertida por parte de un grupo de padres. 
Lamentablemente el titular elegido por el matutino tergiversa el sentido de lo que expresamos tanto por escrito como en las declaraciones (que la propia nota recoge en su desarrollo). Lo que expresamos, y reafirmamos, es que la planificación de las actividades académicas debe respetar los derechos laborales e involucrar directamente, en la discusión y resolución, a los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes y estudiantes.

Enlaces a la publicación

COAD ha estado históricamente comprometida con la defensa de la Universidad Pública, del salario, de las condiciones laborales en el marco de los derechos que la misma Constitución Nacional reconoce. El conflicto universitario del presente año se enmarca en esta defensa.

La acusación de golpista a nuestro Gremio por parte de un grupo de padres, a la cual hace referencia la nota aparecida ayer en La Capital, da cuenta de una muy reducida mirada sobre la problemática de los “paros docentes” y, lejos de representar al conjunto de voces de madres y padres de las Escuelas pre- universitarias, busca difamar y enturbiar un proceso de lucha que fue ganando en masividad y participación a medida que pasaban los días y semanas. Este aspecto fue más que evidente en la multitudinaria marcha que el 29 de agosto movilizó a 50 mil rosarinos y rosarinas bajo consignas que hemos sostenido siempre: No hay educación pública sin salarios dignos y No hay futuro sin educación pública. En este sentido no hay actitudes más desestabilizadoras de un gobierno que recortar el presupuesto destinado para educación y salud y destinarlo en el mismo acto a reforzar las fuerzas represivas de seguridad.
Por otra parte, los discursos que pretenden endilgar al legítimo derecho a huelga la responsabilidad de favorecer a la educación privada no hacen más que recordar la poco feliz intervención del presidente Mauricio Macri cuando se lamentaba por quienes “caían en la pública” o los dichos de María Eugenia Vidal que afirmó que "ningún pobre llega a la universidad”; muestras de que la ideología neoliberal piensa a la universidad del y para el mercado.

La educación pública en un sentido general, y la escuela particularmente, no es un servicio público como pretenden algunas funcionarias, tampoco una mera institución que reproduce contenidos como si se tratara de llegar a una meta. Por el contrario, la escuela es un espacio habitado por permanentes tensiones, conflictos e intereses muchas veces contrapuestos cuyo punto nodal es el aula, allí donde se tejen las relaciones habitadas por la voluntad de aprender y enseñar que trascienden los contenidos de las materias y nos interpelan como sujetos políticos, como varones y mujeres pensantes de una sociedad que no es igualmente justa con todos y todas. Elegir “caer en la pública” en este país no sólo tiene que ver con una búsqueda de cierto nivel académico sino con garantizar esa formación ética y ciudadana que sólo la educación laica, pública y gratuita puede garantizar.

Dicho esto, señalamos también que como docentes tenemos la voluntad y la responsabilidad de dar un programa y los contenidos mínimos allí expresados, no obstante a la hora de reprogramar las actividades académicas se deberá en todo momento respetar los derechos laborales reseñados en nuestro convenio de trabajo. La reprogramación es una decisión conjunta de los distintos actores del sistema educativo. En el caso de las escuelas medias -al no contar con ciudadanía- se debe tener en cuenta que esta decisión no puede ser tomada en forma unilateral por parte de las Directoras de las Escuelas, por el contrario es una decisión que debe involucrar tanto a docentes como a estudiantes que deberán deliberar democráticamente y en asamblea una propuesta de adaptación del calendario académico.

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